La iniciativa de reforma aprobada durante la sesión ordinaria de este martes, precisa que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica.
Por ello, los centros penitenciarios deberán contar con instalaciones adecuadas para prestar los tratamientos de salud integral y se considera que, dentro de la atención médica se deberán brindar los servicios de psicológica o psiquiatría, los cuales se prestarán de manera permanente por personal certificado de los centros de reclusión o por personal externo a los centros penitenciarios que dependen del Sistema Nacional de Salud.
La diputada morenista, Raquel Bonilla Herrera, quien promovió el dictamen, señaló que el sistema penitenciario debe funcionar como base social de las personas privadas de su libertad y procurar que no vuelvan a delinquir. Destacó que la iniciativa tiene como objetivo central reducir la violencia y delincuencia mediante la adopción de una cultura de paz y cohesión social.
