La administración de Andrés Manuel López Obrador hace una presentación descriptiva del rastro que existe sobre el tráfico de armas. Dentro de la querella se argumenta que se tienen registrados las compras legales en tiendas de EEUU y posteriormente la detección de hechos violentos en México.
Este es el caso y ejemplo de la armería Carter’s Country en Spring, Texas, la cual, en 2006 suministró armas a un traficante, incluidos dos rifles Smith & Wesson. Unos meses después, a unas millas de ese negocio, uno de esos rifles se usó para asesinar a cuatro policías y tres empleados en dos oficinas del fiscal general en el puerto de Acapulco.
La querella afirma que entre el 70% y el 90% de las armas que son decomisadas en México fueron fabricadas en EEUU. Se estima que más de 500,000 armas estadounidenses cruzan ilegalmente la frontera sur cada año.
Los seis acusados se estima producen más del 68% del armamento, lo que implica que se venden anualmente más de 340,000 pistolas, rifles y ametralladoras que fluyen desde sus plantas hacia México.
