El 1 de agosto de 2021 se realizará la consulta pública que, en un inicio, preguntaría si los ciudadanos si están de acuerdo en enjuiciar expresidentes, pero que fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ahora preguntará sobre las «decisiones» de los actores políticos.
Para ello, en el estado de San Luis Potosí se instalarán mil 262 casillas distribuidas en los siete distritos electorales federales y en los 58 municipios de la entidad. Para ello, existirán dos restricciones en dicho proceso democrático: la primera: el gobierno no puede hacer propaganda al respecto; y 2: los partidos políticos no pueden intervenir ni hacer proselitismo sobre la consulta.
Tras la intervención de la SCJN, por considerar que la pregunta sobre enjuiciar a expresidentes era violatoria de la presunción de inocencia, la pregunta quedará de la siguiente manera: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»
Una de las más duras críticas a la consulta ha sido la poca claridad de la pregunta y la poca utilidad que pueda tener, en contraste con el costo extraordinario del ejercicio democrático, superior a los 520 millones de pesos.
